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MUNICIPALIZACION PELIGROSA DE LA EDUCACION

El 21 de octubre, en medio de los avatares posteriores a las elecciones municipales y regionales, la Presidencia de la República emitió el Decreto Supremo (DS) No 022-2010-ED.

Este DS dispone la incorporación de las 606 municipalidades distritales del ámbito de intervención del Programa Social JUNTOS al Plan de Municipalización de la Gestión Educativa. Amparada en la idea de “descentralización educativa”, esta norma constituye un peligro para la Educación dado que se trata de una maniobra electoral del Presidente García y el actual Premier y Ministro de Educación, José Antonio Chang, para presentar como un logro lo que en realidad es un gran fracaso. Esta jugada la hemos visto ya con el tema de la supuesta “erradicación” del analfabetismo y ahora con esta mentirosa municipalización de la educación.

En diciembre del año 2009 se presentó el Informe Defensorial No 148 sobre “Municipalización de la Educación” (ME). En este, la Defensoría presentó una serie de críticas respecto a esta implementación. Se informó que la ME se concentró solo en el Vice Ministerio de Gestión Institucional, dejando así lo pedagógico de lado. Además, se confirmó que de las 44 municipalidades habilitadas con viabilidad técnica para recibir el presupuesto, no todas lo recibieron. Pero pese a estas y otras críticas, el gobierno de turno se empeña en implementar la ME.

Mónica Gallirgos, Jefa del programa de Descentralización y Buen Gobierno de la Defensoría del Pueblo, exhortó al Ministerio de Educación a evaluar la pertinencia de esta incorporación de más de 600 municipalidades al plan piloto de la ME dado que no se ha realizado una evaluación integral de dicho plan en su etapa inicial cuando contemplaba tan solo 35 municipalidades. Confirmó que las observaciones realizadas por la defensoría no han sido subsanadas y que la más importante, respecto al diseño del plan de municipalización que debe contemplar la heterogeneidad municipal en el país, tampoco ha sido considerada. Por esto, no hay ningún mecanismo implementado que pueda compensar las diferencias municipales y evitar acentuar las inequidades de la educación.

En la misma línea, Foro Educativo ha emitido un pronunciamiento mediante el cual, demandan la derogatoria de este peligroso DS. Sustentan esta demanda afirmando que, por un lado, la educación que el Estado ofrece en las zonas rurales del país sigue siendo la de menor calidad y que transferir la gestión educativa de las escuelas más pobres a los municipios más pobres del país significará una carga administrativa más y no una mejora de la educación. Por otro lado, alertan que la educación nacional funciona con una normatividad inconclusa y contradictoria y que en este escenario confuso no puede municipalizarse la educación de manera óptima.

Un dato adicional lo agrega Sigfredo Chiroque. Él alerta sobre dos medidas adicionales que se encuentran en este decreto. Chiroque confirma que este DS permite la solicitud de incorporación voluntaria (Art. 2c) y dispone “la incorporación gradual progresiva al Plan de Municipalización de la Gestión Educativa, además de la Educación Básica regular, de los demás niveles y modalidades del sistema educativo”. Esto quiere decir que se deja el campo libre para municipalizar la educación superior y que muchas municipalidades distritales podrían pedir “voluntariamente” ser incorporados a la ME. El problema es que, de esta manera, podrían tomar distancia de los alcances de una propuesta regional de educación, allí donde hay gobiernos regionales que toman distancia del gobierno y del sistema. Esto es, sin duda, un riesgo.

En Otra Mirada hemos estado pendientes de la improvisación en materia de educación del gobierno aprista. Si bien nos encontramos a favor de la descentralización de la educación, es imposible lograrla con éxito a nivel municipal por la debilidad institucional de muchos gobiernos locales. Los especialistas en el tema coinciden en que un punto necesario para la gran reforma educativa es la descentralización, sin embargo, esta debe realizarse a través de los gobiernos regionales o a través de los municipios de las grandes ciudades que cuentan con la posibilidad de manejarla. Esta medida gubernamental no solo ahondará las brechas en calidad educativa, sino que además, causará confusión y caos respecto a la potestad de los municipios. Esto puede permitir que la educación se desarticule y con ello se destruye lo poco avanzado.